Chile: esa catástrofe permanente

La BBC publicó un artículo donde se preguntaba qué hace a los chilenos tan resistentes a los terremotos, incendios y otras tragedias. Antes que el medio británico, la prensa local se hacía la misma pregunta y encontraba toda clase de respuestas, cada cual más orgullosa señalaba atributos socialmente asignados a nuestra cultura y supuesta idiosincrasia.

Y es que desastres muy diversos nos han habituado a vivir constantes emergencias y procesos de reconstrucción. Las autoridades, los empresarios y referentes de opinión, asumen con cierta regularidad el rol de llamar a movilizar acciones tanto en lo inmediato como en las etapas posteriores. Se trata de una cruzada de orden nacional para enfrentar las consecuencias de la catástrofe.

En su trabajo que lleva por título La sociedad del riesgo –una de sus obras más reconocidas– el sociólogo Ulrich Beck plantea que, junto al incremento del riesgo, en la sociedad actual surge una lógica de reparto esencialmente distinta, que produce que estos sean experimentados de manera colectiva y catastrófica. Los riesgos, señala el autor, son un producto global de la maquinaria del progreso industrial y son agudizados sistemáticamente con su desarrollo, pero afectan más tarde o más temprano también a quienes los producen o se benefician de ellos. 

Esta nueva dimensión que adquiere la noción del riesgo distinguiría a nuestro tiempo respecto de las sociedades industriales, generalizando la experiencia del riesgo a niveles nunca antes vistos.

El calentamiento global es el ejemplo por excelencia de este tipo de fenómenos. Existe hoy una mayor conciencia de que el aumento en la temperatura de la atmósfera, debido a los gases que provocan el efecto invernadero, afectará en el largo plazo a la humanidad toda. Ya en la actualidad existen determinadas consecuencias que nos afectan globalmente: esta elevación de las temperaturas tiene como consecuencia el derretimiento de los hielos, generando inundaciones en distintos puntos del planeta. En el mediano plazo, asuntos aparentemente tan específicos como la disminución en la población de abejas, afectarían los procesos de polinización y, con ello, una actividad tan importante para el ser humano como es la agricultura. Estas situaciones, junto a otras tantas, son parte de las consecuencias que debiéramos comenzar a enfrentar en forma de amenazas comunes.

Con todo, esa colectivización de la experiencia del riesgo oculta su naturaleza desigual. Sabemos que la gran industria tiene un peso decisivo en las emisiones de carbono que producen el calentamiento global y que, sin embargo, son los países menos industrializados los que sufren con mayor rudeza sus efectos. En la actualidad, son las comunidades más pobres de los países más pobres las que se ven mayormente expuestas a las consecuencias del calentamiento global. Por su parte, los súper millonarios de aquellos países que más contribuyen a este fenómeno climático posiblemente no alcancen a ver sus consecuencias más espectaculares. El riesgo y la catástrofe expresan también, tanto en sus causas como en sus efectos, las desigualdades existentes en el orden político, económico y social.

Y aunque los desastres que suelen afectar a nuestro país tienen un carácter diferente y son de naturaleza diversa, despiertan con frecuencia relatos acerca de una aparente democratización del riesgo que tiende a obscurecer el contexto desigual que les sirve de antesala. Este relato dominante se vale también con frecuencia de símbolos nacionales (bandera e himno) y lugares comunes (“el aguante del chileno”), generando un momento de cohesión en el discurso donde todos somos víctimas y en igual medida.  Estos elementos operan como recurso simbólico político de unidad, suspendiendo momentáneamente toda contradicción social.

Pero en gran parte de los desastres que nos han azotado hay responsabilidades sistémicas y actores concretos. La industria forestal, minera y salmonera, en mayor o menor medida, han convertido a vastas comunidades en zonas de sacrificio, expropiándolas del fruto de su trabajo, adueñándose de las tierras, contaminando las aguas y el aire, acidificando el suelo, secando poblados, entre otras tantas consecuencias. Junto con precarizar la vida de los chilenos, los ha expuesto a desastres sin precedentes (Caimanes, Freirina, Huasco, Alto Maipo, Chiloé y recientemente las comunidades afectadas por los incendios... por solo nombrar algunas). En todo ello está implicado el desarrollo de una matriz extractivista que ha expuesto a las comunidades a enormes dramas socioambientales.

Con todo, surge un relato dominante desde el cual este modelo de depredación sería una responsabilidad colectiva, como si todos hubiésemos tenido oportunidad de tomar aquellas opciones. Lo cierto es que las decisiones políticas y económicas han sido sustraídas del debate público para ser situadas en el ámbito de la experticia técnica, donde lo político y lo técnico, así como el interés público y el privado, tienden a confundirse en un contubernio del que ya hay evidencia suficiente. Lo cierto es que las comunidades siempre pagan el costo.

Las catástrofes revelan el carácter injusto del modelo, tanto en la desigual distribución de los beneficios del progreso técnico como en el reparto de los riesgos y sus consecuencias. En un país donde el mundo del trabajo es reproductor de la desigualdad y el Estado subvenciona millonariamente a la industria (DL-701, por ejemplo), es evidente que las posibilidades de reconstrucción son también muy desiguales.

En el resto del mundo la situación no es muy distinta. Los grandes capitales, causantes de parte importante de los desastres (socioambientales y socioeconómicos), se visten también con ropajes de víctima, señalando las enormes pérdidas sufridas y clamando planes de salvataje público (privatizar ganancias y socializar pérdidas es siempre el principio vector).

Pero hay otro asunto que ha sido particularmente llamativo en cada uno de los desastres que han ocurrido en nuestro país.  Estos han sido aprovechados por las élites económicas como una oportunidad para desplegar una performance de eficiencia privada. El aparato estatal es criticado por ineficiente, omitiéndose las causas de este fenómeno para otorgarle al Estado atributos negativos per se.

La filantropía del gran capital tiene su oportunidad de exhibición, operando en ello acciones santificadoras del modelo, legitimadoras del actor privado como motor del desarrollo e incluso como superhéroe.

El protagonismo de un avión privado en los recientes incendios, gestionado por la esposa de un empresario transnacional y financiado por un empresario local, revela claramente el problema anterior. Misma situación ocurre con las fundaciones privadas, vinculadas muchas veces a importantes grupos económicos, que se han transformado en protagonistas en época de emergencia, movilizando a través de ellas recursos privados para soluciones temporales.

Es cierto que las catástrofes tienden a exhibir la incapacidad de nuestro Estado para reaccionar adecuadamente. Los terremotos, por ejemplo, han sido también ilustrativos de su dificultad para ejercer control en las catástrofes, pero ello ocurre porque sectores claves del desarrollo –y de gran sensibilidad para la población– han sido entregados progresivamente al sector privado (carreteras, servicios básicos, entre otros). Evidentemente, los sectores que se han beneficiado de las privatizaciones son los que luego despliegan de modo intensivo su acción, presumiendo eficiente gestión privada. Su capacidad de agencia no es un asunto de gestión sino de propiedad sobre los bienes y recursos.

Así las cosas, el Estado, sometido a sus circunstancias, se coordina con el sector privado como un par, mientras que a la ciudadanía se le conmina a subordinar sus acciones a las de estos. Adicionalmente, la cultura del espectáculo sobre el dolor ajeno anula a la ciudadanía como actor para transformarlo en objeto de ayuda. La celeridad con que el sector privado se activa en este proceso, actuando como agente y gestor de emergencia, resulta clave para socavar la legitimidad de lo estatal, así como para sublimar la potencialidad de lo comunitario.

Beck decía que el potencial político de estos eventos catastróficos guarda un peso importante, donde la defensa y administración de estos episodios puede incluir una reorganización del poder y de la competencia: lo que se había considerado apolítico (el mercado y las empresas, por ejemplo) se vuelve político (volvemos a discutir sobre ellas, tornándose la modernidad más reflexiva). Sin embargo, bajo las circunstancias antes descritas –y en nuestra recurrente situación de catástrofe– el mercado no solo consolida su autonomía del orden político sino que además la empresa extiende su poder e influencia en la medida que resitúa las soluciones al campo privado y subordina a ella tanto la acción pública estatal como las iniciativas comunitarias.

Entre una catástrofe y otra pareciera que solo hay tiempo para ponerse nuevamente de pie, echando mano a lo disponible y a la única forma conocida de hacer las cosas. En la sociedad del riesgo, el estado de excepción amenaza con convertirse en el estado de normalidad, nos decía Beck.

Es quizá este el mayor riesgo que enfrentamos: que la emergencia constante –y el shock que la acompaña– no nos permita repensar la forma de organizar la sociedad. ¿Su contrario? Podría ocurrir que esos mismos desastres nos permitan redefinir nuestros marcos interpretativos durante la inevitable praxis sociocomunitaria que activan.

Fuente: El Mostrador