La Ley Antiterrorista daña nuestra imagen internacional

La credibilidad internacional de un país depende, de manera importante, de la coherencia que existe entre los principios que se defienden a nivel global y las prácticas domésticas que se hace de estos principios. Y en esta materia, nuestro país tiene deficiencias que no se pueden seguir ignorando.

 Una de las más visibles desde el exterior, es la llamada “Ley Antiterrorista”, que ha sido severamente cuestionada por diversas entidades internacionales, entre ellas, el relator especial para los Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2014 condenó al Estado de Chile y ordenó revocar varias sentencias contra comuneros mapuches, basadas en esta ley.

El entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, recomendó también ese año revisar la misma, señalando que “en Chile no es necesario tener una figura de terrorismo. Estos casos son lo suficientemente aislados como para tratarlos con una legislación especial, y por tanto dejemos la Ley Antiterrorista para países que realmente la necesiten…. además hace al Estado (chileno) vulnerable, pues su uso puede llevar a acusaciones de discriminación en tribunales internacionales”. Estas declaraciones apuntan a un eje central del debate: que esta ley afecta la credibilidad internacional de Chile; que no hay, de acuerdo a estándares internacionales, una actividad en nuestro país que justifique apelar a este concepto; y que su uso puede constituir una discriminación contra poblaciones originarias.

Ahora, por cierto que el “terrorismo” existe en el mundo, pero en principio su aplicación debiese restringirse a casos donde se observa una acción sistemática que reúna las características ya consensuadas en esta materia y, aun así, debiesen tomarse los resguardos para evitar los excesos que siempre suceden bajo las llamadas “políticas antiterroristas”.
 A este respecto, es importante señalar que, a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se constituyó en el 2007 un panel con los principales expertos internacionales en la materia, que elaboró una definición de terrorismo que fue incorporada ese año a la agenda del organismo mundial. Esta definición reforzó una visión ya existente entre muchos especialistas, en cuanto a la necesidad de “acotar” el uso que se hace de este término, que no constituye cualquier forma de violencia, y donde el elemento central de la definición es la “acción sistemática y deliberada” para atentar de manera “física contra civiles desarmados”. En ninguna parte de este informe, y tampoco en otras definiciones usadas por expertos reconocidos, se incluyen, en la definición de acto terrorista, los atentados a las fuerzas militares o de seguridad, la destrucción de la propiedad o los actos incendiarios.

 Por cierto que en democracia estos constituyen actos ilícitos que los Estados penalizan –y en nuestro país hay leyes para ello–, pero en la literatura y en las principales resoluciones internacionales sobre la materia, no son tipificados como terrorismo y no deberían serlo tampoco en nuestro país, que aspira a ser parte del mundo democrático desarrollado.

 El terrorismo es algo demasiado grave como para estar usándolo de manera partidista o ideologizada. Durante la Guerra Fría, ambos bandos se acusaban de cometer actos terroristas, y el régimen delapartheid en Sudáfrica acusaba a Mandela de ser un “terrorista”. El trabajo de los expertos de la ONU buscó precisamente superar esta visión “maniquea” e ideológica –donde siempre es el otro el “terrorista”–.

 Terrorismo hay ahora en Europa y Medio Oriente con atentados masivos que buscan de manera intencionada hacer el máximo daño a la población civil. Pero diversas entidades internacionales y países amigos no entienden que exista una “Ley Antiterrorista” en Chile, cuyo origen, además, está en la dictadura de Pinochet –que sí cometió atentados terroristas en el exterior–.

 Corresponderá finalmente a los tribunales determinar el carácter e intencionalidad de los hechos acontecidos el último tiempo en esta región –así como también los abusos de que han sido objeto dirigentes y comunidades mapuches, que casi no reciben cobertura en la TV y prensa escrita–. Pero el problema de fondo en La Araucanía es político y no de seguridad. La violencia que ahí se vive es una consecuencia (y no la causa) de la incapacidad del Estado y los sectores más conservadores para abordar de manera integral el histórico despojo y reivindicaciones básicas que hacen los dirigentes del pueblo mapuche.

 Países que admiramos y citamos frecuentemente, como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, cuentan con legislaciones y derechos para sus pueblos indígenas que están muy lejos de lo que hoy tenemos nosotros, y en ninguno de estos países se vive la convulsión que ahora vemos en La Araucanía. ¿Cuánto más tomará constatar que el problema de fondo no se solucionará aplicando leyes represivas y discriminatorias, sino abordando en su integralidad la relación entre el Estado chileno y sus etnias originarias, como ya lo han hecho estas naciones?